Está con nosotros Beatriz Rodríguez
Villar. Vea, buenos días, bienvenida a
estos diálogos de privacidad que
organizamos desde la Agencia Española de
Protección de Datos. Beatriz es letrada
del Consejo de Estado, es profesora
universitaria en ICADE, es analista
jurídica y editorial en Demócrata
y además de una persona para mí
referente el derecho administrativo
actual español por tu trayectoria y
lógicamente por tus tus conocimientos y
gracias por estar aquí.
Buenos días. Muchísimas gracias a
vosotros por contar conmigo. Es un
placer.
Pues Beatriz, vamos a te voy a hacer una
serie de preguntas porque tenemos mucho
interés en conocer bien cuál es el rol
que desarrolláis en el Consejo de
Estado. Te voy a hacer una pequeña broma
porque nosotros en la agencia sabéis que
nos llegan nos llegan las normativas
para hacer informe preceptivo y después
siempre todo el mundo nos alerta de que
después va al Consejo de Estado, pero no
todo el mundo conoce exactamente qué es
lo que hacéis ahí, es decir, cómo llegan
con cuando llegan esas normas
exactamente cuál es el rol que
desempeñáis desde el Consejo de Estado
de cara a garantizar la
constitucionalidad de esa propuesta
normativa que después supuestamente se
tiene que aprobar en en el Boletín
Oficial del Estado y publicar, ¿no?
Exactamente. ¿Qué qué qué nos puedes
explicar de lo que hacéis allí? Pues
mira, lo primero que me gustaría
destacar es que el artículo 107 de la
Constitución define el Consejo de Estado
como el supremo órgano consultivo del
gobierno. Por lo tanto, es un órgano de
asesoramiento al que no le corresponde
adoptar decisiones políticas ni, por
supuesto, sustituir el poder normativo
del legislador o del o del gobierno.
lo que hace es prestar un asesoramiento
jurídico muy cualificado y aportar una
garantía muy reforzada en todos los
asuntos que se someten a su conocimiento
y a su intervención. El precepto
constitucional, además, remite la
regulación del Consejo de Estado a una
ley orgánica. es la Ley Orgánica 3/1980
de 22 de abril que reconoce la autonomía
funcional y orgánica del Consejo de
Estado. Esto es esencial para garantizar
la objetividad y la independencia, que
son la esencia de la función que
desempeña el Consejo de Estado. Creo que
es importante tener en cuenta que el
Consejo no forma parte de la
administración activa, no depende
jerárquicamente de ningún órgano y por
lo tanto no recibe órdenes eh
instrucciones ni directrices de ningún
tipo. En el desarrollo de nuestra
función, además, eh nos sometemos
plenamente a la observancia de la
Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico, como es lógico.
Dentro de este marco, además, bueno,
pues la intervención del Consejo de
Estado en la elaboración de las normas
es, desde mi punto de vista esencial.
Claro, porque bueno, pues el Consejo de
Estado a través de sus dictámenes lo que
hace es examinar la adecuación del
anteproyecto o del proyecto al marco
constitucional y al ordenamiento
jurídico en su conjunto, garantizar una
adecuada inserción de la norma en el
ordenamiento jurídico. verificar que se
respeta el sistema constitucional de
distribución de competencias, mejorar la
técnica normativa y, por supuesto,
supervisar la protección de los derechos
fundamentales y libertades de los
ciudadanos y también atender a intereses
que pueden ser eh sensibles.
No se trata, por supuesto, ni mucho
menos de una revisión formal de los
textos, sino de un análisis jurídico y
técnico en profundidad que contribuye de
manera decisiva a depurar el texto de
errores, de antinomias, de incoherencias
y con ello editan en la práctica
problemas de inseguridad jurídica,
problemas de aplicación y también de
litigiosidad que puedan desembocar en la
anulación de un reglamento, por ejemplo,
o lo que es peor, en una declaración de
inconstitucionalidad de de una norma de
rango legal.
Por todo eso, el dictamen del Consejo de
Estado no es un informe más, no es un
mero trámite dentro del procedimiento,
es una pieza esencial en en el proceso
de elaboración de las de las normas. Un
buen dictamen, como decía, puede
contribuir de manera decisiva a mejorar
eh la calidad de de las normas y de
alguna manera la relevancia de este
informe se manifiesta, por ejemplo, en
su carácter final. Es decir, una vez que
un asunto ha sido dictaminado por el
Consejo de Estado, no puede remitirse a
ninguna a ningún otro órgano consultivo.
Nadie más puede informar. e ya eh tiene
que remitirse a la autoridad consultante
para que adopte la decisión que procede.
Es cierto que los dictámenes no son
vinculantes. Bueno, en algún ámbito
concreto existe lo que se llama el
dictamen habilitante u obstativo. En el
proceso de elaboración de normas los
dictámenes no son vinculantes, pero de
alguna manera eh gozan pues de de la
autoridad que va asociada al al
prestigio que que tiene merecidamente
reconocido el el Consejo de Estado.
Por otra parte, hay que tener en cuenta,
como digo, que esta labor de garantía se
hace siempre respetando la orientación
política, por supuesto.
Pero bueno, pues considero que todas
estas aportaciones son decisivas en un
estado complejo, en un estado de derecho
complejo como el estado en el que
vivimos, eh con una producción normativa
eh muy acelerada y con exigencias cada
vez mayores del derecho de la Unión
Europea.
En último lugar, me gustaría también
destacar la aportación que el Consejo de
Estado hace de un criterio de prudencia
jurídica en un momento final de la
tramitación, pero todavía oportuno para
introducir cambios, modificaciones y
eliminar eh errores. Yo creo que todo
eso, lejos de frenar la acción pública,
contribuye a mejorarla y a y a
reforzarla y y de ahí la la importancia
de de nuestro papel.
Muy bien. Quería aprovechar, has
mencionado el tema de los dictámenes, de
los proyectos normativos y en esta línea
que estamos aquí en la Agencia Española
de Protección de Datos, quería pedirte
tu opinión sobre cuál es tu percepción
sobre la evolución en lo que tiene que
ver la protección de datos o el derecho
fundamental a la protección de datos en
los dictámenes, ¿no?, del Consejos de
Estado. ¿Has visto una evolución clara
de estos últimos años donde la
protección de datos o la seguridad de la
información en general puede haber
tenido un papel mucho más protagonista
en los dictámenes del Consejo de Estado
o en los proyectos normativos que
dictamináis?
Sí, sí, sin duda. E esa evolución se ha
producido y la tendencia es que la
protección de datos va cobrando cada vez
una mayor importancia. Digamos que antes
se analizaba muchas veces como un
aspecto vinculado a la protección de la
intimidad de la persona o eh a la
confidencialidad de determinada
información, pero hoy en día, sin
ninguna duda, ya se aborda como un
derecho fundamental autónomo, que
evidentemente es lo que es con las
implicaciones que ello conlleva, es
decir, con un análisis de una
habilitación normativa eh suficiente, de
un respeto a los principios eh de
proporcionalidad, de necesidad, a las
garantías que eh deben deben eh
articularse para garantizar, para
proteger debidamente este derecho.
Hay que tener en cuenta, además, que eh
la digitalización de las políticas
públicas
ha hecho evolucionar también el contexto
en el que se produce la actividad
normativa. Quiero con esto decir que hay
muchas iniciativas que no se limitan a
regular eh un determinado sector de
actividad, sino que ya también eh
incorporan regulaciones propias sobre el
tratamiento de datos, infraestructuras
de información, eh cruces de datos,
reutilización
eh etcétera, etcétera. Por lo tanto, la
protección de datos ya no es un aspecto
accesorio en muchas de estas iniciativas
que se dictaminan por el Consejo de
Estado, sino que realmente tiene un
papel central y relevante en el marco de
estas regulaciones. eh sectoriales y por
lo que se refiere a la propia actividad
consultiva, yo aprecio quizá que ha
habido una evolución desde una visión
más estática de este derecho hacia una
visión dinámica y y estructural. Como
decía, ya no se trata solo cuando
dictaminamos un anteproyecto o un
proyecto de detectar si hay menciones
aisladas a los datos, sino de si
verdaderamente la norma incorpora una
regulación eh y hay que examinar en ese
caso cuál es el modelo de tratamiento
que está e habilitando, cuáles son los
límites, los sistemas de control y
supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? en
el desarrollo de esta función. Además,
creo que es importante destacar la
relevancia que ha tenido la
jurisprudencia constitucional, por
supuesto, también eh las disposiciones
del Reglamento General de Protección de
Datos y de nuestra ley, de la Ley
Orgánica 3/2018, ¿no?
El Tribunal Constitucional ha sido eh
muy claro eh bueno, pues cuando exige
que cualquier ingerencia en un derecho
fundamental esté debidamente motivada y
esto, por supuesto, tiene una proyección
en la regulación de la protección eh de
datos, donde eh pues ya se ha dicho que
no es suficiente con fórmulas imprecisas
o con remisiones genéricas eh o vagas,
sino que tiene que haber una motivación
suficiente y esta jurisprudencia es
tenida en cuenta, por supuesto, en los
dictámenes del Consejo de Estado. Sí.
Y y aprovechando que estabas comentando
esta esta función que desarrollas en el
Consejo de Estado, desde un punto de
vista quizá más más formal, eh cuál es
vuestro rol en el análisis de estas
memorias de impacto normativo, ¿no?
También detectáis que las memorias la
incorporación de la protección de datos
es algo ya más habitual. ¿Se tiene en
cuenta dentro de ese trabajo de revisión
que hacéis de con este carácter
consultivo que comentabas o es un
elemento que todavía no tiene una
presencia clara? Hm. Eh, lo tenemos muy
muy en cuenta. Efectivamente, hace ya
muchos años, yo ya llevo décadas en el
Consejo de Estado, e nuestra labor se
centraba sobre todo en el texto
normativo, no se circunscribía
exclusivamente a eso porque tienes que
hacer un análisis de todo el
procedimiento y de toda la documentación
que se incorpora, que se ingente, dado
ese carácter final que decíamos, nos
llega ya la tramitación completa en su
fase final y hay que analizar todos los
documentos, entre ellos también la
memoria, pero en los últimos años eh se
presta una atención hm
muy especial, sobre todo teniendo en
cuenta que el Tribunal Supremo ha
anulado normas por deficiencias en las
memorias de análisis de impacto
normativo, por insuficiencia en la
evaluación de de algunas cuestiones o de
algunos impactos. Por lo tanto,
prestamos muchísima atención y en este
sentido también hemos apreciado una
evolución eh eh por parte eh del poder
normativo que sin duda, bueno, pues ha
pasado a integrar la protección de datos
como un aspecto más que hay que evaluar.
Lo que sí que es cierto es que eh se ha
evolucionado mucho en este sentido, pero
quizá eh no de manera eh plena. Eh, es
decir, las memorias de análisis de
impacto normativo no son ajenas a esta
dimensión, la incorporan, pero a veces
no hacen un análisis en profundidad,
simplemente pues se limitan a exponer
algunos riesgos o hacer remisiones
genéricas a eh la normativa sobre
protección de datos, pero no se detienen
realmente a analizar eh por ejemplo la
necesidad del tratamiento de datos, eh
los límites o otras implicaciones que
que esto puede tener, ¿no? Además, eh
pues bueno, eh eh el impacto que produce
eh no tiene esta cuestión no tiene solo
una vertiente jurídica, hay también una
dimensión social y una dimensión
económica. hay una dimensión social, eh,
bueno, pues porque es una cuestión que
incide en la confianza de los ciudadanos
en las eh instituciones, en la
legitimidad de la propia evolución
tecnológica, en la percepción de que el
uso intensivo de la tecnología y el
manejo de información y de datos no
puede implicar una reducción de los eh
derechos o de las eh garantías. Y por
supuesto también tiene un impacto
económico porque las deficiencias
regulatorias en este ámbito generan
muchos eh costes de cumplimiento, eh dan
lugar a rectificaciones posteriores,
provocan litigiosidad y en última
instancia también pueden retrasar la
aplicación de las políticas públicas.
Por lo tanto, creo que es importante
destacar que se ha producido esta
evolución, pero también me parece que eh
hay que seguir profundizando en ello y
haciendo análisis quizá más extensos y
rigurosos. Además, en esta época en la
que la palabra innovación y
competitividad no está tan de moda y
sobre todo se utiliza como argumento
para normativas europeas como el
ómnibus, pues también conocer, ¿no?,
cuál es vuestro vuestro papel en esta
cadena, ¿no?, donde al final también
tenéis en cuenta de manera amplia este
tipo de de elementos, no solo jurídicos,
sino también de otro de otra naturaleza.
Yo creo que es muy interesante
conocerlo, ¿no? Pues desde la visión que
tenéis en el Consejo de Estado, eh te
quería preguntar esa visión tan amplia,
¿cómo estáis viviendo eh, desde el punto
de vista de sensibilidad institucional
el impacto de las nuevas tecnologías en
todo en general, incluso en vuestros
dictámenes se refleja en cierta manera o
estás notando un cambio de tendencia con
respecto a esto? Ya no solo en
protección de datos, eh, sino en esta
sociedad hiperdigitalizada en la que
Sí, sí, sin duda. Yo creo que esa
sensibilidad existe y además es es
necesaria. Eh, la transformación digital
eh ha hecho visible y evidente algo que
antes no se percibía con total claridad
y es que la tecnología no es neutral
desde el punto de vista de los derechos
fundamentales. Es decir, la manera en la
que se diseñan los sistemas y en la que
se estructuran las bases de datos. Por
ejemplo, la forma en la que se
automatizan decisiones o se conectan
registros tiene un impacto directo en la
libertad de los ciudadanos, en la
igualdad, en la no discriminación y, por
supuesto, en la intimidad y en la
protección de datos. Eh, quizá hemos
pasado de una fase en la que se
consideraba que cualquier innovación
tecnológica era en sí misma positiva a
una en la que se asume que los avances
tecnológicos eh son positivos en la
medida en que estén sometidos a reglas,
a controles y a garantías. y y nosotros
desde el Consejo de Estado somos una de
esas garantías eh que articula el
ordenamiento jurídico para verificar que
efectivamente la tecnología se somete a
estos controles. Creo que también se
aprecia esta tendencia de manera muy
clara en el derecho de la Unión Europea
y si me lo permites también en la
actividad de las autoridades de control
y supervisión y en cómo intentan ellas a
su vez orientar la actuación de la
administración pública. Como bien sabes,
la propia agencia ha elaborado
documentos y guías, bueno, pues para
tratar de integrar de manera efectiva
las exigencias de la protección de datos
tanto en la actividad normativa como en
la actuación de la administración eh
pública.
Por otra parte, también esa mayor
sensibilidad institucional va ligada a
una evidencia muy clara y es que cuanto
mayor es el volumen de datos que se
tratan y cuanto más sofisticados son los
sistemas de tratamiento, mayores tiene
que ser también las exigencias de
responsabilidad jurídica. Esto, por
supuesto, se aplica a las empresas y
otros agentes privados, pero todavía
más, como es evidente, a los a los
poderes públicos. Por lo tanto, diría
que la innovación tecnológica es valiosa
y existe un reconocimiento generalizado
de que ello es así, pero tiene que
hacerse compatible con esos controles y
esas garantías. Y es ahí donde creo que
instituciones como el Consejo de Estado
o la Agencia de Protección de Datos,
además de, por supuesto, los órganos
jurisdiccionales, desempeñan un papel
fundamental.
se ha apuntado algunos elementos muy
importantes y quería preguntarte, no sé
si hay respuesta, pero tenéis
identificados o cuál es tu opinión con
respecto a algunos errores más
frecuentes que se puedan estar
cometiendo en la redacción de normas que
afecten o impacten en la protección de
derechos fundamentales y en particular
en la protección de datos.
Sí, diría que hay algunos errores, si no
recurrentes, sí frecuentes. Hay
cuestiones que en nuestro análisis
detectamos que no están del todo bien
tratadas en los proyectos que que pueden
tener una incidencia en el ámbito de la
protección de datos, del tratamiento de
la información y demás. Por ejemplo, en
primer lugar mencionaría la
indeterminación. A veces las normas eh
habilitan tratamientos de datos con
finalidades que no están del todo eh
claramente identificadas. Es decir, hay
justificaciones un tanto ambiguas o
remisiones muy genéricas, invocaciones
al interés público, por ejemplo. Y esto
en un ámbito en el que está en juego un
derecho fundamental, no es admisible.
Esto conecta un poco con lo que decía
antes de del Tribunal Constitucional. Si
la protección de datos está
comprometida, es fundamental establecer
un marco normativo en el que se defina
con claridad cuál es el alcance de la
intervención sobre los datos eh, y cómo
se articula, con qué controles, con qué
garantías. Eso en algunos casos eh sí
que lo advertimos que hay una
deficiencia en este sentido y que las
normas se tienen que reforzar. E otro
error, por ejemplo, es tratar eh la
protección de datos como una cláusula
final de salvaguarda. Es decir, es
frecuente encontrar en algunos proyectos
normativos eh cláusulas del tipo eh todo
ello con respecto a la normativa
aplicable en materia de protección de
datos o sin perjuicio de lo que
establezcan las normas en materia de
protección de datos. Y esto no siempre
es suficiente. Puede haber ocasiones en
la que eh baste, pero hay otras en las
que la regulación proyectada que se
somete a dictamen tiene que integrar eh
la la protección de datos y el
tratamiento de la información como un
aspecto más de de esa norma y eso exige
que la norma delimite adecuadamente los
fines del tratamiento, la minimización
de datos, los plazos de conservación, el
régimen de accesos, eh etcétera.
Un tercer error podría ser la el no
identificar con suficiente precisión la
base jurídica que habilita el
tratamiento de de datos o el no
articular adecuadamente una regulación
especial con la normativa general de
protección de datos. a veces se pueden
producir discordancias y en ese sentido
pues las iniciativas normativas tiene
que respetar el marco general eh y las
eh innovaciones que puedan establecer
tienen que ser compatibles. Nosotros
verificamos que efectivamente esas eh
esas regulaciones eh respete lo que
establece la Normativa General de
Protección de Datos. Y si me lo
permites, creo que por encima de estas
cuestiones técnicas, creo que el
principal error a veces es tratar los
datos hm como si fueran simplemente una
herramienta de gestión de la
administración o un instrumento para
facilitar la actuación de la
administración cuando lo cierto es que
los datos son una proyección de la
persona y por lo tanto de la esfera de
libertad y de intimidad de la persona y
así debería verlo siempre el legislador.
Llegado a este punto llega la
inteligencia artificial, ¿no? Saliendo
un poco del ámbito de la protección de
datos, también quería hacerte una doble
pregunta en este sentido, ¿no? La
primera sería más eh si tú crees o
estáis viviendo que existe o se abre una
nueva etapa entre la relación
regulatoria con las nuevas tecnologías y
la protección de derechos por culpa o
gracias a la inteligencia artificial. Y
después una sub pregunta que quería
preguntaros, ¿cómo estáis viviendo
vosotros a nivel organismo, la
incorporación o la llegada a la
inteligencia artificial si es que estáis
estáis en ello?
Pues muy interesantes ambas preguntas en
relación con el primer aspecto al que
apuntas, eh, sí creo que se abre una
nueva etapa, claro, en todos los ámbitos
y, por supuesto, el jurídico no es una
excepción, de hecho es muy protagonista.
Lo que sí que es cierto es que esa etapa
se basa en una idea que ya está muy
asentada y es que el progreso
tecnológico, el desarrollo tecnológico
tiene que ser compatible necesariamente
con la protección de datos. El
Reglamento Europeo de Inteligencia
Artificial entró en vigor en 2024 y
tiene una aplicación eh progresiva. Hay
algunas previsiones que se aplican ya
desde febrero de 2025. La aplicación
general de todo el reglamento, como bien
sabes, eh se producirá a partir de
agosto de 2026. Pero lo interesante es
que esta regulación no sustituye,
evidentemente, la de la protección de
datos, sino que se superpone a ella. Eh,
el reglamento establece una regulación
propia basada en niveles eh de riesgo e
impone obligaciones específicas a los
sistemas de alto riesgo, prohibiciones
también específicas y deberes de
gobernanza. Pero todo ello convive con
las exigencias de la protección de datos
cuando hay un tratamiento de datos eh
personales, ¿no? De hecho, en el debate
europeo eh se ha insistido mucho en la
necesidad, perdón, de coordinación entre
el marco de la inteligencia artificial y
de la protección de datos. Y el Comité
Europeo de Protección de Datos ha
destacado el papel protagonista que
deben desempeñar las autoridades de
control y supervisión eh para verificar
eh y controlar sobre todo los sistemas
de de riesgo, ¿no?
En términos más amplios diría que
estamos en ante una nueva etapa también
porque la regulación deja de centrarse
exclusivamente en los datos y pasa a
integrar cuestiones más complejas como,
por ejemplo, sistemas, modelos, cadenas
de responsabilidad eh tecnológica y
bueno, eso lejos de reducir la
importancia de la protección de datos,
sin duda la la multiplica. Por lo tanto,
yo creo que la clave de esta nueva etapa
es la integración. Sin duda, no
necesitamos una innovación tecnológica
que desconozca los derechos y entre
ellos la protección de datos, ni tampoco
una protección de datos que viva ajena a
los avances tecnológicos. Eh, lo que
necesitamos son marcos normativos que
integren ambas perspectivas y creo que
ese es el gran desafío e y que bueno,
pues todos los que tenemos un papel
relevante en la cadena de producción
normativa tenemos que atender a esta a
esta dimensión.
Y y por lo que se refiere a la segunda
cuestión que me planteabas, a la
inteligencia artificial en el Consejo de
Estado, bueno, pues e podría ser útil
efectivamente incorporar herramientas de
inteligencia artificial eh siempre y
cuando se concibieran, como es lógico,
como eh una mera asistencia eh
instrumental, una asistencia técnica.
Eh, nunca puede ser una sustitución del
juicio jurídico que aportamos los
letrados. Como es lógico, la función
consultiva descansa sobre una base de
reflexión, de ponderación, de
deliberación, de interpretación del
ordenamiento jurídico y en última
instancia en una cultura institucional
de prudencia y de responsabilidad que no
son automatizadas ni automatizables.
Por lo tanto, bueno, podrían
incorporarse aplicaciones de
inteligencia artificial, por ejemplo,
para la búsqueda y sistematización de
información, para la organización del
material, para la localización de
precedentes.
Pero bueno, en una institución de alta
relevancia jurídica como es el Consejo
de Estado, la eventual
adopción de sistemas de inteligencia
artificial tendría que hacerse
extremando las cautelas, garantizando
siempre que eh e hay una supervisión
humana garantizando la trazabilidad, el
entrenamiento correcto de los eh
sistemas, la eliminación de sesgos y de
opacidad, etcétera, etcétera, ¿no? y
sobre todo delimitando muy bien cuáles
son las tareas en las que puede
utilizarse esta herramienta y cuáles
tienen que eh quedar limitadas a al
ámbito de la responsabilidad eh humana
subjetiva. Pero bueno, en todo caso lo
cierto es que de momento, hasta donde yo
sé, no hay ninguna iniciativa en este en
este sentido.
Seguro que la habrá en algún momento,
probablemente
es inevitable, ¿no? Oye, llenaras al
campo más institucional y te quería te
quería preguntar, te quería pedir tu
opinión sobre cuál es el papel que
debería desarrollar una autoridad de
control dentro de todo este proceso que
nos has contado con tanto detalle en el
proceso de elaboración normativa. Es
decir, por ejemplo, el caso de la
agencia que como te decía anteriormente
actuamos, ¿no?, con este informe
preceptivo previo. Pero, ¿cómo percibes
tú que dentro de esta nueva realidad en
la que estamos viviendo ahora, las
autoridades de control deberían
intervenir o participar de alguna otra
manera en el proceso de elaboración
normativa? Si es que tenemos que
hacerlo?
Por supuesto, creo que tenéis que
hacerlo y que además estáis llamados a
desempeñar un papel muy relevante que
naturalmente no sustituye al del
legislador, al del gobierno o al de los
órganos consultivos, eh, pero eh que es
decisivo. Las aportaciones que podéis
hacer son muy valiosas porque ofrecéis
un conocimiento técnico especializado,
experiencia supervisora y una visión
práctica sobre cómo las soluciones
normativas ya adoptadas eh funcionan
realmente cuando se trasladan a
tratamientos específicos. Yo creo que la
agencia debe actuar no solo como h un
organismo de reacción o de sanción, sino
eh también de una manera preventiva y
orientadora. Eh, sin duda, en el ámbito
de la protección de datos, la mejor
garantía es que la norma nazca eh
correctamente formulada y diseñada. Eso
es muchísimo mejor que tratar de
corregir los defectos que una mala norma
pueda producir luego en la en la
práctica. Eh, creo que que la autoridad
eh de control puede ayudar decisivamente
a identificar riesgos que no son
evidentes para el regulador generalista.
eh excesos en las bases legitimadoras,
indeterminación en la finalidad, eh usos
secundarios de la información, lagunas
eh de seguridad y eso puede hacerlo
además desde la experiencia acumulada de
sus casos eh reales. Creo creo además
que cuanto antes se incorpore esa mirada
experta al procedimiento de elaboración
de la norma, eh más fácil será eh
depurarla de todos estos eh posibles eh
riesgos. E y bueno, creo que además es
importante que la autoridad sea vista no
solo efectivamente como un supervisor
externo, sino como un actor
institucional que puede contribuir a
mejorar significativamente la calidad de
las normas. Me parece esencial ese
papel. ¿Y crees que tenemos herramientas
de coordinación suficientes ahora mismo
como para poder hacer ese trabajo de una
manera mucho más ágil y eficaz que hasta
ahora? ¿O o crees que todavía tenemos
que coordinarnos de alguna otra manera o
colaborar de alguna otra manera para que
realmente el trabajo cuando llega al
Consejo de Estado, por ejemplo,
realmente llegue bien hecho?
Bueno, los mecanismos actuales eh son
correctos y son adecuados porque cada
una de las instituciones desarrolla con
gran responsabilidad eh y excelencia sus
funciones. Nosotros en el Consejo de
Estado cuando llega un informe de la
Agencia de Protección de Datos, lo mismo
que cuando hay uno de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o de la
Comisión eh de Nacional de Mercados y
Competencia, eh e prestamos muchísima
atención a lo que dice porque asumimos
que es esa mirada experta, pero sí que
es cierto que aún siendo yo así podría
profundizarse en mecanismos de
colaboración o de cooperación que no
necesariamente tienen que ser fórmulas
rígidas.
ni tienen que traducirse en un aumento
de trámites o de burocracia, sino que se
pueden articular a través de canales eh
más o menos eh estables de de
comunicación. Lo que sí que es cierto es
que las autoridades de supervisión y
control y los órganos consultivos eh
generalistas como el Consejo de Estado
tienen visiones complementarias. Eh, el
Consejo, como hemos visto, aporta esa
visión integral del ordenamiento
jurídico y efectúa el control de
legalidad, la verificación de la
adecuada inserción de la norma, todo eso
que hemos mencionado antes. Y eh la
agencia, por su parte, aporta
especialización material, conocimiento
del riesgo tecnológico y experiencia en
la aplicación práctica. Cuando ambas
perspectivas se integran, la norma gana
en calidad y, evidentemente contribuye a
evitar defectos regulatorios y a mejorar
la calidad de la norma. podrían tal vez
eh pensarse en alguna manera de de
actuar de manera más coordinada y que no
simplemente llegaran los informes de la
agencia al consejo para su valoración y
consideración y que luego muchas de esas
observaciones o advertencias que se
hacen desde aquí se incorporen a los
dictámenes. Eso ya está sucediendo, pero
probablemente podrían articularse
algunas fórmulas de cooperación más
estrecha y de interacción entre los dos
entre los dos organismos. emplazamos a
pensar en ellas.
Lo haremos.
Oye, levantando la mirada un poco y
opinión personal, ¿no? ¿Tú crees que de
cara a futuro en la el derecho
fundamental a la protección de datos
está en una nueva fase? ¿Ha
evolucionado? pues se va a convertir en
algo más de lo que veníamos
acostumbrados, ¿no?, a que sea, como
decías tú, ¿no?, a proteger una
información de ciudadano y tal, cuando
ahora realmente se ha convertido en en
una fuente, en un activo, en un elemento
social y económico. ¿Crees que eso
estamos en una fase de evolución del
derecho de la protección de datos?
Estamos, sí, desde mi punto de vista, en
una fase de evolución. Sin duda, el
núcleo de este derecho fundamental es el
mismo, pero se proyecta sobre realidades
mucho más complejas que las que
motivaron su constitucionalización.
Sin duda, el artículo 18 eh 4 nació con
el convencimiento de que el uso de la
informática podía afectar de forma
intensa a la libertad de los ciudadanos
y a sus derechos en general. y digamos
que fue una eh intuición muy lúcida,
pero que la realidad ha desbordado las
eh previsiones que que entonces podían
hacerse, pues como consecuencia de la
presencia de la economía digital, de las
plataformas digitales, de la
trazabilidad masiva de datos, la
inteligencia artificial. Eh, por
supuesto, e esta nueva etapa, yo creo
que viene marcada eh por tres rasgos. En
primer lugar, por la extensión del
tratamiento de datos a escalas antes
desconocidas.
En segundo término, por la mayor
complejidad de las operaciones que se
realizan a partir de esos datos con
efectos más intensos cada vez a las
personas. Y en tercer lugar en que hay
una conciencia social e individual cada
vez mayor de la importancia que tiene la
protección de datos. probablemente
cuando este derecho se constitucionalizó
eh era algo muy ajeno a al conocimiento
de un ciudadano medio y hoy en día cada
vez se valora más y el ciudadano quiere
saber para qué se tratan sus datos y
valora mucho todos los mecanismos de
control y de garantía que le permiten eh
verificar efectivamente ese destino de
los de los datos. Eh, y y el legislador
tiene que estar a la altura de esa
demanda social porque verdaderamente eh
existe, ¿no? Yo creo que en este
contexto la protección de datos ha
dejado de ser simplemente un marco de
control de recogida y circulación o
difusión de la información y ahora es
también un instrumento para ordenar
relaciones de poder en entornos
digitales.
No estamos ante un nuevo derecho en
absoluto, pero si ante una
profundización de su significado
constitucional que va reforzándose y
ampliándose.
Y ahora para acabar casi una conclusión,
¿crees que podríamos decir que la
protección de datos o el derecho
fundamental a la protección de datos se
está consolidando como un elemento
estructural del estado de derecho
digital?
Sin ninguna duda. Por supuesto que sí,
eh, porque no es un derecho eh que se
limite ya a proteger una libertad
individual o un interés individual del
ciudadano como cualquier derecho
fundamental, sino que ordena el
ejercicio del poder en entornos basados
en la información. Eh, todos sabemos que
en un estado de derecho son
fundamentales los límites al poder, eh,
la existencia de mecanismos de control y
de garantías para el ciudadano. Por lo
tanto, en una sociedad digital como es
la sociedad en la que actualmente eh
vivimos, eh es importante que ese poder
eh que se ejerce mediante el tratamiento
de datos se encauce jurídicamente de una
forma adecuada. Si ese poder no está
suficientemente controlado, el estado de
derecho se debilita. Por lo tanto, no
hay ninguna duda de que la protección de
datos no es algo secundario hoy, sino
que es un derecho autónomo con contenido
propio y eh y y que bueno que es
esencial a la hora de hablar no solo de
cumplimiento normativo como hasta la
fecha, sino también de confianza
institucional y como decía de límites al
poder tecnológico y y de protección a la
ciudadanía en entornos digitales.
Pues Beatriz Rodriz Villarrada Consejo
de Estado. Muchas gracias por compartir
tus conocimientos y experiencias con
nosotros en estos diálogos de
privacidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un
placer.